6,3 millones de dinero público por un ático que nunca sirvió para nada

Seis millones trescientos mil euros. Esa es la cifra que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pagó por un ático de 485 metros cuadrados en el paseo del General Martínez Campos, en pleno Chamberí, según adelantó laSexta y confirmó este martes El País. Casi 200 de esos metros son terraza.

Para hacerse una idea de lo que significa esa cantidad en una comunidad que lleva años declarándose sin margen presupuestario: 6,3 millones son aproximadamente lo que cuesta construir un centro de salud. O el sueldo anual de unos ciento cincuenta enfermeros. O una promoción entera de vivienda pública de alquiler asequible en un barrio periférico. La Comunidad de Madrid decidió que era mejor invertirlos en una terraza con vistas.

Cómo se compra un ático sin que nadie se entere

Los detalles de la operación son, si cabe, más reveladores que el precio.

La compra se ejecutó el 14 de abril a través de Planifica Madrid, sociedad mercantil pública adscrita a la Consejería de Presidencia que dirige Miguel Ángel García Martín, hombre de máxima confianza de la presidenta y portavoz del Gobierno regional. La operación no constaba en el portal de Transparencia. Se conoció por la prensa, meses después, que es como se conocen últimamente las cosas en esta comunidad.

Según fuentes conocedoras del proceso citadas por elDiario.es, a la parte vendedora se le exigió firmar un acuerdo de confidencialidad con carácter previo incluso a la visita del inmueble. Léase despacio: antes de entrar a ver el piso, había que jurar silencio. No es el procedimiento de una administración que gestiona recursos ajenos con luz y taquígrafos. Es el procedimiento de quien sabe de antemano que aquello no aguantaría una explicación pública.

A esto se suma lo que la Comunidad se niega a aclarar. No dice si encargó una tasación independiente. No dice si hubo intermediario ni qué comisión cobró. No dice quién dio la orden de comprar: si el consejero que ahora ordena vender, si el consejero delegado de Planifica Madrid —Pedro Corbalán, presidente de la delegación municipal del PP de Guadarrama y candidato de Feijóo al Congreso en 2023—, o si alguien por encima de ambos. Nueve miembros tiene el consejo de administración que aprobó aquello. Ninguno tiene nombre a efectos públicos.

Las explicaciones, por orden de aparición

La cronología de las justificaciones es un manual de improvisación.

Primero, el inmueble era para «oficinas» durante unas obras en la Real Casa de Correos. Problema: la normativa municipal establece que el uso del edificio es residencial y, como recordó el diputado socialista Antonio Giraldo, un ático no puede dejar de ser vivienda para convertirse en oficina por deseo del comprador.

Segundo intento: era para «reuniones», según la propia Ayuso. Tercer problema: las obras que supuestamente lo hacían necesario no habían sido anunciadas cuando se compró, y las únicas actuaciones licitadas hasta la fecha en la sede de Sol son de mucha menor envergadura. Cuarto: la reforma del ático no habría terminado hasta octubre o noviembre, es decir, al menos dos meses después de las obras que justificaban su compra.

Y el remate: «No es mi casa, no es mi residencia, no es para mí», zanjó la presidenta. Muy bien. Entonces, ¿para quién era? Nadie lo ha explicado todavía.

El 30 de julio, un día después de destaparse la operación, la Consejería de Presidencia aprobó vender el ático. Nunca se usó. Ni un día, ni una reunión, ni un expediente tramitado desde esa terraza. Compramos entre todos un ático de lujo, lo tuvimos tres meses y medio vacío y ahora lo devolvemos al mercado. Si esto lo hiciera un particular con su dinero, sería una excentricidad. Hecho con dinero público, tiene otro nombre y lo dirimen los tribunales.

La coartada de los incendios

Aquí llega la pirueta más indecente de todo el episodio.

El Gobierno regional ha anunciado que los fondos obtenidos con la venta del ático y de otros inmuebles —unos 20 millones en total— se destinarán a la reconstrucción de las zonas arrasadas por los incendios, que han calcinado alrededor de 65.000 hectáreas en la región.

Es decir: se utiliza una catástrofe medioambiental como detergente reputacional. El dinero de los madrileños se gastó en un capricho, el capricho se descubre, y la devolución del dinero de los madrileños a los madrileños se presenta como un acto de generosidad hacia las víctimas. Si el ático no se hubiera destapado, esos 6,3 millones seguirían inmovilizados en una terraza de Chamberí mientras ardía la sierra. Convertir la rectificación forzosa en gesto solidario exige un desparpajo que en Sol nunca ha escaseado.

Lo que ya no es solo política

El asunto ha salido del terreno del rifirrafe parlamentario. El 3 de agosto, el abogado Javier Flores presentó una denuncia ante el Tribunal de Cuentas por posible quebranto de caudales públicos, cifrando el coste total de la operación en 9,05 millones de euros —una cantidad superior a la del precio de compra confirmado, que incorporaría impuestos y gastos asociados—. El escrito subraya que la ley patrimonial obliga a analizar comparativamente compra, arrendamiento y uso de inmuebles propios antes de una inversión millonaria. Ese estudio nunca se publicó.

Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos han registrado la petición de una reunión urgente de la Diputación Permanente de la Asamblea, en pleno agosto, para exigir explicaciones. Veremos si el rodillo del PP madrileño permite siquiera que la sesión se celebre.

El fondo del asunto

Conviene no perder de vista el contexto, porque el ático no es una anomalía: es una declaración de principios.

Este es el mismo Gobierno que se niega sistemáticamente a aplicar la ley de vivienda, a declarar zonas tensionadas o a intervenir un mercado del alquiler que expulsa de Madrid a quien no hereda un piso. El mismo que responde a cada propuesta de vivienda pública con el argumento de que no hay dinero y de que el mercado se regula solo. Ese Gobierno encontró 6,3 millones, en cuarenta y ocho horas y sin informe previo, para un ático con 199 metros de terraza.

No hay incoherencia. Hay una jerarquía de prioridades perfectamente coherente y perfectamente conocida por quienes la votan y por quienes la sufren. La escasez presupuestaria, como el rigor administrativo, es un argumento que en Sol se activa y se desactiva según quién esté al otro lado del mostrador.

Que el Tribunal de Cuentas haga su trabajo. Y que la Asamblea de Madrid, aunque sea en agosto, se digne preguntar quién firmó.

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