Las paguitas de la ultraderecha: cuando la "paguita" la cobra el dueño de la finca

Cada verano se repite el mismo guion. Arden los montes de Madrid, Ávila, Toledo o Castellón —como ha vuelto a ocurrir estas semanas, con más de 116.000 personas evacuadas o confinadas— y, casi al mismo tiempo, resucita el bulo de que la ley prohíbe limpiar el monte o que la Agenda 2030 impide desbrozar. No es cierto: la Ley de Montes de 2003 no lo prohíbe, lo exige. Obliga a los propietarios de terrenos forestales a desbrozar y mantener sus fincas libres de maleza, con franjas de protección de hasta 50 metros alrededor de viviendas e infraestructuras, y contempla sanciones que van desde 100 euros hasta el millón cuando el abandono provoca un incendio. El 72% del monte español es de titularidad privada. Gestionarlo, según la propia ley, es «un derecho y un deber» de quien lo posee.

El problema no es la norma. Es su cumplimiento. Cuando un propietario no desbroza, el ayuntamiento puede —debe— entrar en la finca, limpiarla y pasarle la factura. En la práctica, eso ocurre poco: faltan medios municipales, faltan inspecciones, y buena parte del territorio rural está despoblado o en manos de herederos que ni siquiera pisan la tierra. El resultado es un país que arde por partida doble: por el cambio climático y por años de dejadez tolerada. Quién cobra realmente las ayudas al campo Mientras tanto, ese mismo territorio recibe año tras año miles de millones de euros de la Política Agraria Común. Y aquí empiezan los datos incómodos. Según cifras que maneja la Comisión Europea y que recoge Greenpeace España, el 20% de los mayores beneficiarios de la PAC en España se lleva el 79% del dinero total, y solo el 1% de los perceptores concentra el 28%. Si nos fijamos únicamente en los pagos directos, ese 20% se queda con el 74%, mientras que las explotaciones de menos de 5 hectáreas —casi la mitad de todos los beneficiarios— apenas reciben el 5,8%. Las fincas de 250 hectáreas o más, que son solo el 1,1% de los perceptores, acaparan el 22% de esas ayudas. El reparto no responde a quién trabaja la tierra, sino a quién la posee: cuantas más hectáreas, más dinero, sin que la normativa exija demostrar gran cosa sobre el uso real que se hace de ellas.

Un informe de Público recogía hace unos años un dato aún más revelador: tres de cada cuatro titulares de explotaciones que cobran ayudas directas de la PAC ya no cultivan esas tierras. España es una anomalía dentro de la UE en esto. El propio Gobierno introdujo en 2023 un tope —el llamado «supercapping»— de 200.000 euros por perceptor para intentar corregir la concentración, una medida que el Tribunal Supremo acaba de avalar este año tras el recurso de varias grandes explotaciones y de Asaja, que la calificó de «medida ideológica». El límite, por cierto, solo afectó a 56 beneficiarios en toda España. La incoherencia del discurso Y aquí aparece la pieza que cierra el círculo. El mismo espacio político que ha hecho de la lucha contra «las paguitas» su seña de identidad —Vox llegó a empapelar el metro de Madrid con esa idea, y su líder ha llegado a decir que los menores extranjeros no acompañados cobran más que las viudas, una afirmación que Maldita.es desmontó por completo— es también el que en el Congreso ha presentado mociones para «defender la PAC» frente a cualquier recorte, y el que ha pactado con el PP en Andalucía agilizar y simplificar el cobro de esas ayudas agrarias. No hay contradicción ideológica en defender las subvenciones al campo; la hay en sostener ese discurso mientras se estigmatiza a quien vive de una ayuda de 400 o 500 euros al mes y se calla ante quien recibe cientos de miles de euros públicos por poseer tierra, la trabaje o no.

Los datos sobre inmigración, además, desmienten la premisa de partida. Un análisis de la OCDE sobre 25 países, España incluida, entre 2006 y 2018, concluye que los inmigrantes aportan más de lo que reciben en sanidad, educación y protección social, con un saldo fiscal neto cercano a cero. Un estudio de CCOO con datos oficiales confirma que los extranjeros no desplazan a los españoles de sus puestos de trabajo, sino que ocupan mayoritariamente los que la población nacional no quiere: agricultura, construcción, hostelería y cuidados, sectores donde superan el 30% de la plantilla. La «paguita del inmigrante» no existe en los términos en que se vende; la concentración de ayudas agrarias en pocas manos, sí, y está documentada por la propia Comisión Europea. Un discurso que necesita un enemigo pequeño Nada de esto es casual. Señalar al vecino sin papeles resulta mucho más rentable políticamente que señalar al gran propietario, porque el primero no tiene abogados ni representación en el Congreso y el segundo sí. El discurso de las «paguitas» cala en los barrios populares no porque los datos lo respalden, sino porque ofrece un culpable visible y cercano para la precariedad, el acceso a la vivienda o el colapso de los servicios públicos —problemas reales que tienen otro origen— sin tener que mirar hacia arriba, hacia quien concentra la tierra, la renta y la ayuda pública sin que se le exija ni siquiera cumplir con desbrozar su finca. No se trata de negar que existan problemas de gestión, despoblación o falta de recursos en el mundo rural —los hay, y son reales—. Se trata de preguntar por qué la vara de medir es tan distinta según de quién se hable.

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