Más de 10 millones de menores sufren abusos sexuales digitales en África y Asia en un año, según un estudio global

La alarmante realidad del abuso sexual digital entre menores

Solo en un año, de 2020 a 2021, más de 10 millones de menores en África y Asia sufrieron algún tipo de abuso sexual digital. Según un estudio publicado en la revista Nature, uno de cada seis jóvenes de entre 12 y 17 años fue víctima de extorsión, chantaje, o recibió imágenes sexuales no deseadas. La investigación, dirigida por Sakshi Ghai de la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres, advierte que estas cifras son solo una aproximación al problema, que podría haberse agravado en los últimos años debido a la expansión de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial generativa. Ghai señala que la carga actual de daños en internet podría ser mucho mayor de lo que se ha documentado.

El estudio se basa en encuestas representativas realizadas en 12 países, entre ellos Etiopía, Kenia y Filipinas, involucrando a un total de 11.912 participantes. Los resultados indican que cerca del 10% de los encuestados recibió imágenes sexuales no deseadas, mientras que un 8% reportó comentarios sexuales inapropiados. Además, un 5% fue presionado para mantener conversaciones de carácter sexual y alrededor del 3% sufrió chantaje o difusión no consentida de imágenes íntimas. Las cifras son preocupantes y reflejan una situación que afecta por igual a chicos y chicas, aunque las variaciones entre países son significativas, siendo Filipinas uno de los lugares con mayor incidencia.

La desigualdad en la atención a la seguridad digital infantil es evidente. La digitalización ha propiciado un aumento en el debate sobre la protección de menores en línea, pero este impulso no ha sido equitativo, quedando muchas regiones del Sur Global fuera del radar académico. En África, donde más del 60% de la población tiene menos de 25 años, los entornos de pobreza y la falta de sistemas de protección agravan los efectos del abuso digital. La investigación destaca la necesidad de una respuesta coordinada que involucre a gobiernos, empresas tecnológicas y sistemas educativos, ya que la solución no puede recaer únicamente en las familias o en los propios menores. La educación sobre cómo identificar y reaccionar ante estas violencias es crucial, así como la creación de entornos seguros que fomenten la confianza y la comunicación abierta entre padres e hijos.

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