Coalición de 74 organizaciones exige al Congreso de EE.UU. medidas contra abusos de la Administración Trump en control migratorio

NUEVA YORK – Una coalición compuesta por 74 organizaciones defensoras de los derechos civiles y humanos ha dirigido una carta a los principales líderes del Congreso de los Estados Unidos, en la que exige acciones “inmediatas” para regular y hacer responsables a las autoridades de la Administración Trump por su “campaña ilegal y continua” contra los inmigrantes, que ha generado un clima de “terror” en diversas comunidades. Los firmantes de la misiva argumentan que incidentes recientes, como la muerte de Renee Nicole Good a manos de un agente de ICE en Minneapolis y el tiroteo en Portland, Oregon, donde un oficial de la Patrulla Fronteriza hirió a dos venezolanos, han suscitado serias preocupaciones sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades federales.

Los activistas sostienen que la falta de rendición de cuentas y la desinformación difundida por los funcionarios sugieren que los derechos constitucionales de los individuos son considerados “irrelevantes” en el contexto de las operaciones de control migratorio. Consideran que es evidente que el Congreso tiene la autoridad constitucional para establecer condiciones al Poder Ejecutivo y que su inacción en el deber de supervisión conlleva responsabilidad por las consecuencias derivadas de dicha falta. En este sentido, han señalado que “estas acciones y esta actitud son inaceptables y antiamericanas”, subrayando que el Congreso no debe otorgar un cheque en blanco al Departamento de Seguridad Nacional, sino que debe implementar salvaguardias claras en las asignaciones presupuestarias para el año fiscal 2026 que protejan los derechos constitucionales y frenen el abuso de poder.

La carta también cuestiona el aumento de recursos asignados a ICE, que incluyó 170.000 millones de dólares y 10.000 agentes adicionales, argumentando que estos fondos han resultado en un incremento de la imprudencia y la violencia por parte de agentes poco cualificados y mal entrenados. Además, los grupos han instado a los legisladores a abordar el uso indebido de datos personales y la vigilancia masiva que busca crear perfiles con información sensible de inmigrantes y ciudadanos. También han denunciado el uso ilegal de fuerzas militares en ciudades estadounidenses y han solicitado que se incluyan provisiones en los proyectos de ley para financiar el gobierno federal que protejan a las comunidades del abuso de poder por parte de autoridades migratorias. Entre sus solicitudes, destacan la prohibición del despliegue de personal militar en operaciones civiles, la necesidad de documentar causas probables en arrestos y la implementación de estándares de capacitación rigurosos para los agentes de inmigración.

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